Leyes para emprendedores en 2023

La ley establece también una serie de requisitos a los fabricantes de software de facturación de manera que, por cada factura emitida, habrá que crear un registro que la hará inalterable, no se podrá, entonces renegociar ni modificar la factura porque quedará bloqueada una vez emitida. Los usuarios, por su parte, deberán asegurarse de que el software de facturación que utilizan está homologado porque el riesgo de sanción afecta a ambas partes. Esta información podrá remitirse de forma voluntaria y automática a la Administración Tributaria desde el propio software, e incluirá la firma digital de cada registro. Dichos registros deberán estar a disposición de la AEAT en caso de solicitarlo.

Reglamento de la Ley Antifraude

Ligada a la anterior, el Proyecto de Reglamento de la Ley Antifraude establece los requisitos “que tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación utilizados en las actividades de empresarios y profesionales para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, tal como especifica la Ley General Tributaria”, continúa Èlia Urgell Riera.

Se prevé su aplicación obligatoria a partir del 1 de julio de 2024 para empresarios y profesionales que expidan facturas con sistemas informáticos. Quedan fuera de esta normativa las empresas que ya estén acogidas al SII (Suministro Inmediato de Información), el nuevo sistema de tramitación del IVA, desarrollado por la Agencia Tributaria (AEAT), para la gestión electrónica de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre los objetivos de la Ley se encuentran evitar la manipulación de datos contables y de gestión que permitan una doble contabilidad o la falta de registros de las operaciones realizadas. Se pretende, así, combatir el fraude fiscal.

La Ley de la Reforma Concursal

En vigor desde el pasado mes de septiembre, la Ley de la Reforma Concursal se aplicará de forma escalonada a lo largo de 2023, pendiente todavía del desarrollo de algunos puntos.

Con la reforma de la Ley Concursal se introducen modificaciones en distintas instituciones concursales y se impulsa un cambio de modelo en la gestión de la insolvencia que lleva aparejados ajustes legales de gran calado y repercusión para instituciones, colegios profesionales y, en general, para todos los operadores jurídicos y económicos que intervienen en procedimientos de insolvencia y preinsolvencia.

La ley deja el concurso para los casos imposibles y pone el foco en facilitar los instrumentos que eviten la insolvencia o poder salir de ella.La nueva norma trata tres aspectos básicos: la reestructuración temprana, la exoneración de deudas para los llamados deudores de buena fe y la necesidad de elevar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia. “Supone un avance, pero sin medidas legislativas en materia fiscal y financiera, así como una mejora sustancial en medios técnicos y humanos en las sedes judiciales”, aclara Ana Alonso, responsable del Área Concursal de Gaona, Palacios y Rozados Abogados, firma asociada a RocaJunyent.

La nueva ley deja a un lado los concursos de acreedores para centrarse en otros aspectos como la reestructuración. Según el experto Luis Martín, socio de Abencys , “con la nueva Ley Concursal, se prima las soluciones anticipadas y los concursos rápidos. Aunque esta medida sea una forma de agilizar procesos y evitar un colapso judicial, a su vez causará una gestión menos eficaz de los mismos, perjudicando de esta forma las empresas en procesos de reestructuración”.

Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Atañe a toda la cadena de valor alimentaria, desde los productores hasta el cliente final pasando por los establecimientos de bares y restaurantes. Articulada por el Ministerio de Agricultura, la normativa obliga a todos los implicados a establecer medidas encaminada a reducir el desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Según los datos que barajan en el Ministerio, solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

La ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

Normalmente, las causas del despilfarro alimentario están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.

La ley establece también una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento. Según esta, los primeros destinatarios de los alimentos en riesgo de desecho serán los humanos siempre y cuando los alimentos se mantengan en buen estado para su consumo. Esta se aplicarán a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos por lo que las empresas de la industria alimentaria deberán establecer acuerdos, disponer de instalaciones adecuadas para su almacenamiento y conservación  y garantizar la trazabilidad de los productos donados.

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.).

En caso de no ser recomendable el consumo de esos alimentos para las personas, se destinarán al alimento animal convertidos en subproductos o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

La aplicación de la ley se hará de forma paulatina. En principio, solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de un plan de prevención. Las sanciones por infracciones en desperdicio alimentario pueden oscilar entre los 2.001 y 60.000 euros, según la gravedad de las mismas. Como infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un  plazo de dos años.

Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables

Otra Norma que entra en vigor el 1 de enero de 2023 es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables en España. Con esta aquellos envases no reutilizables que, compuestos por más de un material, contengan plástico, se gravarán por la cantidad de plástico que contengan.

La normativa, dictada por el Ministerio de Hacienda, ha generado la protesta de empresas, asociaciones e instituciones que agrupan a empresas de los sectores más afectados que pedían por un aplazamiento para su adaptación. Entre sus quejas, además de un sobrecoste, se encuentra la complejidad de adaptarse a la norma, “siendo uno de los impuestos más enrevesados establecidos por la Agencia Tributaria”, según denuncian en un comunicado de la consultora Stratesys.

Entiende la consultora que parte de la complejidad se deriva de que la norma exige una trazabilidad rigurosa de los movimientos, y la cantidad de plástico aplicado a cada movimiento y a cada modelo de negocio de las compañías afectadas. En cualquier caso, al objeto de aclarar dudas de los afectados, la Agencia Tributaria ha incluido en su página web un apartado específico en el que tratan de aclarar las dudas que puedan surgir al respecto.

MiCa: la regulación de los criptoactivos

El Consejo Europeo ha aprobado el Reglamento Europeo de Mercados de + Criptoactivos o Market in Crypto Assets regulation (MiCa), una de las piezas de la estrategia de finanzas digitales de la UE lanzada en septiembre de 2020 y cuyo propósito es garantizar que la Unión Europea impulse la economía digital.

MiCA será aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Propone un marco legal para activos, mercados y proveedores de servicios que actualmente no están regulados a nivel de la UE y hace posible proporcionar servicios seguros con licencia a los consumidores en el territorio comunitario. Se espera que la entrada en vigor del MiCA se producirá a partir de 2023 aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que ya vamos tarde.

Aquellas plataformas que ya cuentan con licencia solo necesitarían un proceso de notificación, mientras que el proceso de autorización para nuevos proveedores es ambicioso.  Para los servicios de custodia de criptoactivos, la normativa europea obligará a mantener en entornos separados la masa patrimonial de la titularidad de los criptoactivos, como ocurre en la ley concursal para evitar confusiones en la titularidad.

Una vez aprobado el texto europeo, los Veintisiete dispondrán de 18 meses hasta su entrada en vigor para adaptar la norma a las respectivas legislaciones nacionales.

En resumen

El año 2023 trae consigo nuevas leyes para emprendedores en 2023 en España. Una de ellas es la Ley de Startups, que establece un marco normativo para apoyar la creación y crecimiento de empresas emergentes, con incentivos fiscales, formalidades aplicables, compra pública innovadora, entornos regulados de pruebas y colaboración público-privada. Otra ley es la Ley Crea y Crece, que busca facilitar la creación y crecimiento de nuevas empresas mediante la mejora regulatoria, eliminación de obstáculos, reducción de morosidad comercial y financiamiento. Además, promueve el uso de la factura electrónica, flexibiliza la financiación alternativa y establece una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social mínimo de un euro.