El profesorado de FP reclama la equiparación
El profesorado técnico de Formación Profesional (FP) con titulación universitaria reactivó la pasada semana la presión al Ministerio de Educación para que «agilice» el proceso mediante el cual pasarán a formar parte del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria, pertenecientes al subgrupo A1. Consideran que, pasado un año desde la aprobación de la LOMLOE (donde se contempla ese cambio), ya debería haberse hecho efectiva esta reivindicación histórica de los docentes de FP, que además supondría un aumento de salario. El ministerio, por su parte, apela a la calma y asegura que la homologación se hará próximamente, mediante la nueva ley de FP, y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2022.
El pasado 19 de enero, la plataforma ‘Profesorado FP A1’ y la Asociación de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior de Formación Profesional (APESS-FP), realizó una entrega masiva de ramos de flores a la ministra de Educación, Pilar Alegría. El objetivo era recordar el cumplimiento del primer año de aniversario de la nueva ley educativa para reprocharle que todavía no se haya llevado a cabo el cambio que consta en la norma.
Y es que, según establece disposición adicional undécima de la LOMLOE, el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional quedará extinto y los docentes de este Cuerpo que cuenten con un grado universitario (o algún título equivalente), se integrarían en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Es decir, los aproximadamente 25.000 docentes que cumplen con los requisitos pasarían de formar parte del grupo profesional A2, a inscribirse en el A1.
«Un profesor que trabaja en un instituto da clase al mismo alumnado y tiene el mismo horario, por lo que es importante que tengan las mismas condiciones», explica a 20minutos José Ramón Merino, responsable del Área de Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i). La diferencia salarial, según cuenta, es de aproximadamente 150 euros al mes; una desigualdad que considera «importante», pero que no es la única: «Esto supone también una serie de condiciones laborales, como poder acceder a ser jefe de departamento; o cobrar una pensión u otra en el momento de jubilación, ya que puede suponer unos 300 euros mensuales de diferencia».
Por ello vienen pidiendo a la ministra que «dicte de forma urgente y sin más demora» las instrucciones necesarias para que las comunidades autónomas apliquen de forma «ágil» esta disposición de la norma. «Es como un año perdido. El Ministerio no solo no ha hecho efectivo lo que establece una ley orgánica, sino que ha ido dando tumbos», denuncian.
Educación defiende haber tomado el camino más directo
Desde el departamento de Pilar Alegría defienden que se está tomando el camino más fácil y con menos «inconvenientes», que es el que brinda la nueva Ley de FP (en tramitación parlamentaria). Fuentes del Ministerio explican que, de haberse tramitado el cambio de grupo de estos profesores mediante la LOMLOE, habrían hecho falta más modificaciones, pues se habría requerido, adicionalmente, la aprobación de un real decreto de FP y el desarrollo de un mecanismo mediante el cual cada comunidad autónoma identificara qué profesores estaban incluidos en ese paso.
De este modo, será una vez se apruebe definitivamente la nueva Ley de FP -previsiblemente antes de terminar este primer trimestre del año- cuando lleven a cabo esa equiparación, que además, según las mismas fuentes, tendrá efectos retroactivos, «tanto laborales como económicos», desde el 19 de enero de 2021. De haber elegido el otro camino, destacan, seguramente el proceso habría sido más dilatado.
Otro asunto que suscita algo de inquietud es la situación en la que quedarán los profesores que no cuenten con una carrera universitaria y que, por tanto, formen parte de ese grupo destinado a «extinguir», mediante la reforma educativa. Ellos serán incluidos en un nuevo grupo, el de Profesores especialistas en sectores singulares de la FP. Se engloba en este escalafón a los profesionales que, por el sector en el que trabajan, no cuentan con un grado universitario (el de la peluquería, por ejemplo).
«No verán lesionado ninguno de sus derechos y tendrán posibilidades de mejorar su situación», garantizan fuentes del entorno de Pilar Alegría, recordando que por la ley de función pública no pueden acceder al mismo escalafón que los de Secundaria.