Contratación y cierre del negocio para el profesorado autónomo
Una inspección de Trabajo a la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) ha puesto en vilo a 13.400 centros de formación en toda España, 825 de ellos en la Región. Los inspectores consideran que los profesores de los cursos de formación y de los talleres de Formación Profesional para el Empleo que imparte la organización deberían estar dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, mientras que la patronal sostiene que ha venido contratándolos como autónomos durante más de 30 años porque así estaba contemplado en la ley que regula la formación destinada a los trabajadores y desempleados.
Las organizaciones empresariales en estado de alerta
La Fremm ha alertado de que Trabajo puede reclamar a las instituciones que ofrecen cursos de formación la regularización con la Seguridad Social de todos los profesores que han pasado por los centros de formación en los últimos cuatro años. El coste de esta regularización puede poner en peligro la supervivencia de muchas de las instituciones que participan en los programas de Formación Profesional para el Empleo.
La patronal del Metal asegura que el cambio de criterio de la Inspección sobre la adscripción del profesorado pone en peligro «el mantenimiento de los cursos de formación impartidos cada año a más de 5.000 trabajadores y desempleados de la Región, entre los cuales hay 1.000 jóvenes en paro adscritos al programa de Garantía Juvenil».
Recuerda que la mayor parte de los trabajadores que pasan por sus aulas y talleres consigue encontrar empleo en las empresas antes de acabar su formación, al tiempo que permite a las compañías del sector disponer de los trabajadores cualificados que necesitan en sus centros de trabajo.
Defiende que la fórmula utilizada hasta ahora para la incorporación del profesorado como trabajadores autónomos permitía contar con «los profesionales más preparados en cada especialidad» y, en consecuencia, «ofrecer una mayor calidad en la formación para el empleo».
La patronal del Metal advierte de que la interpretación de la Ley que regula la Formación para el Empleo por parte de la Inspección de Trabajo «abocaría al cierre a unas 13.400 instituciones acreditadas en toda España que imparten Formación Profesional, 825 de ellas en la Región. Esto supondría que se quedarían sin formación cinco millones de personas, entre desempleados y trabajadores en activo, provocando un auténtico caos en la formación nacional y en la empleabilidad de trabajadores en paro».
Empleo por cuenta ajena
En su comunicado la Fremm deja claro que «con el nuevo planteamiento de la Inspección de Trabajo la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena, cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, siendo conocedor el propio cuerpo de Inspección y habiéndose considerado que era la adecuada».
Defiende igualmente que en las tres décadas que lleva impartiendo formación ha aplicado «la ley vigente, en la que todas las fases del proceso formativo, que están sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones y que viene superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles».
Por su parte, la Inspección aduce que la organización empresarial es la que pone las aulas y los medios necesarios para impartir la formación, por lo que debe contratar a sus profesores como trabajadores por cuenta ajena.
La patronal responde que no será posible ofrecer los cursos sin disponer de los talleres, debido a la tecnología que es utilizada en las aulas y en los talleres.
Precisa que los controles a los que está sometida la gestión de los cursos incluyen «inspecciones del Fondo Social Europeo, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos que aportan subvenciones».
Ante el nuevo criterio manifestado desde la Inspección, la patronal señala que «se abre la puerta a que, desde cualquier provincia española, se pueda proceder a la revisión directa de la gestión de sus centros educativos en los últimos cuatro años y ser denunciados con el precedente creado».
Fuente: